EDITORIAL

El derecho a la vida y la salud de la comunidad educativa: entre la razón y la tiranía

 

01092021 Art. 3La presente edición de la Revista Educación y Cultura, presenta tres trabajos realizados acerca de las condiciones de la escuela, los docentes y directivos durante la pandemia en 2020.

El primero: Trabajo docente en tiempos de pandemia mirada desde los maestros colombianos, fue coordinado con la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente -Red Estrado- y la Internacional de la Educación en América Latina -IEAL- en forma simultánea en 14 países latinoamericanos. La consulta se realizó entre el 15 de septiembre al 25 de noviembre de 2020. Las conclusiones con base en la totalidad los países, será publicada más adelante.

El segundo: Condiciones de la Escuela en épocas de pandemia, fue elaborado con base en un instrumento diagnóstico propuesto y presentado por el CEID de FECODE durante los Seminarios de las Secretarías de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, como también, de los Centros de Estudio e Investigación Docente –CEID- de las 34 filiales, realizados durante la última semana del mes de julio del año pasado. La información aportada por la totalidad de las respectivas secretarías pedagógicas y/o los CEID, se completó en diciembre y durante el primer trimestre de 2021, el equipo trabajó en su consolidación y conclusiones.

No sobra anotar que en los mencionados seminarios, el CEID Nacional socializó el documento de trabajo: Emergencia Educativa en Tiempos del COVID-19 1, con suficiente sustentación científica, académica y pedagógica para garantizar el derecho a la educación durante la pandemia pero salvaguardando la vida y la salud de la totalidad de la comunidad educativa. El documento desarrolló parte de los once puntos propuestos por el Comité Ejecutivo de FECODE a la Ministra de Educación, en carta enviada el 6 de mayo. Como ya es de conocimiento público, la propuesta hecha por la Federación al Gobierno Nacional, para que declarase una Emergencia Educativa, consensuada con el conjunto del sector educativo y las entidades territoriales, fue despreciada por el Ministerio de Educación, que prefirió imponer la letal y fracasada “Alternancia Educativa”.

El tercero: Listas de chequeo, una herramienta para la lucha por la defensa del derecho a la educación en condiciones de dignidad, es una propuesta elaborada con integrantes de los equipos de Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el CEID y la Secretaria General de FECODE, cuyo propósito es establecer si existen condiciones reales del aula y del colegio para el retorno a la escuela presencial. Los resultados que se presentan están a corte de 20 de marzo de 2021.

El descrito propósito de los tres trabajos mencionados y sus contundentes conclusiones sobre las necesidades de lo que requiere resolver la Escuela, ratifica la habitual fortaleza académica y pedagógica en la sustentación de nuestros planteamientos, como también en el diseño del proceder táctico, especialmente en la pandemia, durante la cual hemos tenido como principal referencia los requisitos establecidos por la comunidad científica y de salud para el retorno o no a clases presenciales.

La férrea defensa del derecho a la vida, la salud y la educación en condiciones dignas, le ha costado a FECODE y a la escuela pública, una infame campaña de desprestigio en su contra por parte del Gobierno Nacional y algunas administraciones seccionales, coordinada con la tenebrosa bodega de comunicadores del régimen, acompañada por sectores de la gran prensa y no pocos contratistas del sector educativo que posan de académicos. Todos a una, se encargaron de fabricar una “percepción” según la cual, el respeto de estos derechos humanos y fundamentales son exageraciones o excusas del Magisterio Estatal para no retornar presencialmente a la Escuela.

Se anunciaba así el paso “de hacer trizas los Acuerdos de Paz” hacia el derrumbamiento del Estado de derecho en su conjunto, lo que implicaba declarar como enemigo interno a todos y todas quienes lo defendemos. “Doctrina” que se aplicó a gran escala contra el Paro Nacional, utilizando la represión abierta e imposición de una normatividad propia de las dictaduras. Lo anterior, implicaba intensificar la campaña de incitación contra FECODE y, por esa vía, contra parte de la inteligencia nacional que está agrupada allí.

Al desconocimiento de la evidencia científica, la perversa campaña mencionada le sumó su sospechoso silencio sobre la mezquindad en recursos. De escasos $400.000 millones, provenientes del FOME, prometidos el 15 de julio de 2020, faltaban por ejecutar entre el 76% y 40% a corte del pasado 6 de abril, según las diferentes cifras que aporta el MEN. A su vez, la Ministra Educación intentó culpar al magisterio del 2.7% de deserción en 2020 pero el SIMAT señaló que la respectiva información aún no estaba disponible el 18 de abril, día en que ella ofreció la entrevista a El Tiempo. La debilidad de la argumentación se evidenció aún más, cuando la misma fuente registró que la deserción oficial en 2019 alcanzó el 3.13%, es decir fue superior antes de la pandemia. Para completar, adicionalmente y, sin vergüenza alguna, calificaron como un despropósito la exigencia de FECODE para que el presidente Duque acelerara la vacunación de la comunidad educativa y la población.

El silencio se convirtió en complicidad cuando tantos “expertos juntos” callaron ante el par de proyectos de ley que buscaban “cubrir” de una manera u otra, 14 billones de pesos para la compra de 24 aviones de combate y acabar con lo que aún sobrevive del derecho a la salud, respectivamente, en momentos en que la población estaba cercada por el hambre, el desempleo y el contagio. El Paro Nacional logró el hundimiento de tan desgraciados proyectos y la aceleración de la vacunación masiva. La revanchista directiva 17 del MEN, no logrará que nos arrepintamos de participar en la más portentosa protesta social de los últimos 75 años ni mucho menos de sus logros, desafortunadamente a un costo muy alto en vidas, especialmente de jóvenes.

La irracionalidad se convirtió en tiranía. Pese o tal vez porque la letal Alternancia Educativa fracasó por estar indebidamente presionada sin recursos suficientes y previos y en los momentos más exacerbados del contagio, el régimen de Duque procedió, acorde con el ejercicio de la necro política, a la conocida frase “la bolsa o la vida” mediante la Directiva Ministerial 005 de 2021, la cual obliga retomar el calendario académico del segundo semestre del año en la modalidad presencial para los casi ocho millones de niños, niñas y jóvenes haya o no condiciones, haciendo caso omiso a la positividad acumulada en el país que alcanzaba el 25. 7% a corte del 9 de julio y, en Bogotá, estaba 5 veces por encima del riesgo alto. Mientras que la ocupación de camas UCI alcanzaba entre el 84% y 99%, con filas de personas en espera, declaratoria de alerta roja en varias ciudades del país, 27 Departamentos y Bogotá, se clasificaron como afectados altamente por el COVID.

En Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca, 5 de las 15 regiones más afectadas, sus Gobiernos procedieron a emitir actos administrativos profundamente arbitrarios, amenazando a los educadores con quitarles el salario y a los estudiantes el derecho al estudio, si sus padres, madres o acudientes, prefieren no enviarlos al colegio como forma de protegerle la vida.

FECODE seguirá defendiendo que a medida que se cumplan los requisitos establecidos por la comunidad científica y de salud, retornaremos a la escuela presencial, como también, el esquema completo de vacunación, las medidas de bioseguridad en los colegios, la disposición de los recursos necesarios, el respeto a la decisión de las familias y al papel determinante de los gobiernos escolares para establecer si el calendario académico se desarrolla en modalidad presencial o no presencial. Tal es el contenido sustancial del primer Acuerdo parcial con el Gobierno Nacional, logrado por FECODE el 8 de julio en el marco de la negociación colectiva.

 El saboteo del Gobierno Nacional a éste vital Acuerdo en el sentido literal de la palabra, lo evidencia la negación a emitir un acto administrativo que le imprima efectividad; razón por la cual, las filiales, las comunidades y, sobre todo los gobiernos escolares, han asumido acciones que dimensionan aún más el papel determinante de la autonomía institucional y territorial en la salvaguarda de la vida y la salud, apoyadas en lo pactado, en la normatividad que nos favorece y en la comunidad científica y de salud.

No hay duda alguna, los derechos a la vida, la salud y la educación en condiciones dignas, se enfrentan a la tiranía, a la irracionalidad y a la primacía de los negocios de unos pocos sobre la mayoría. Nosotros seguiremos al lado de la sobrevivencia del Estado social de derecho, la argumentación académica, pedagógica y científica.

Miguel Ángel Pardo Romero
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE
Agosto 2 de 2021