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SE ACRECIENTA LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA RURAL

CON EL INGRESO A LA OCDE Y EL PND DE DUQUE

La situación de la educación rural es crítica, la inmensa mayoría de sus 35.000 sedes se encuentra en mal estado, requiriendo con urgencia intervención en su infraestructura por varios billones de pesos, su dotación es pobrísima, se le niega la alimentación escolar a cientos de miles de estudiantes, el transporte no se presta durante una gran parte del año lectivo y a los maestros no se les reconoce el inmenso esfuerzo que hacen en medio de las privaciones y la violencia.

El problema de fondo de la educación rural es el mismo de la educación pública en general, la desfinanciación como consecuencia de la política de ajuste fiscal de la inversión social que se acordó con el FMI en el acuerdo extendido de 1999, desarrollada por medio de los Actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, que entre 2002 y 2018 le arrebataron 170 billones a la inversión social, de los cuales 90 billones lo fueron a la educación. Dichos recursos terminaron en las ganancias de las multinacionales y el capital financiero por la vía de exenciones tributarias. Por supuesto, el impacto en la educación rural ha sido mayor dado el rezago en que se ha debatido históricamente por los gravísimos problemas sociales, económicos, políticos, de orden público y del secular abandono estatal de las zonas rurales y de las cabeceras urbanas de la mayoría de los municipios que son, en la práctica, rurales. La educación pública rural, por sus características, es la más amenazada por la desfinanciación.

El desplazamiento de las zonas rurales es histórico. De sobra es conocido el que se disparó con la Violencia y que no cesó con el acuerdo que dio origen al Frente Nacional, ya que es también un fenómeno social y económico. La imposición de la Apertura Económica y una nueva oleada de violencia arrojaron millones de personas a los cinturones de miseria de las ciudades. Según ACNUR Colombia, “7,7 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en Colombia”. El informe de la OCDE del año pasado sobre la educación colombiana considera rural el 30% de la población y entre el 60% y 70% de los municipios.

De acuerdo al censo 2018 sólo el 15,1% de la población vive en zona rural dispersa y el 7,1% en centros poblados. La otra población considerada rural por la OCDE estaría en las cabeceras de los municipios más pequeños. Esa situación de descenso o estancamiento de la población en edad escolar -no han sido dados a conocer por el DANE-, conlleva a que haya instituciones y sedes educativas con un promedio inferior de estudiantes del que establece el decreto 3020 de 2002, que es de 22 estudiantes por docente. Las diferencias entre las comunidades y las autoridades educativas que impulsan el cierre de escuelas y la fusión de instituciones han llegado a las altas cortes, quienes en repetidas sentencias han decidido a favor del derecho fundamental de la educación. A contrapelo de esas decisiones judiciales las contradicciones van a agudizarse en el futuro próximo por la política fiscal del gobierno.

La OCDE señala diferencias negativas importantes en cobertura y resultados entre los estudiantes de las zonas remotas y los de las ciudades y grandes aglomeraciones. Si bien eso es cierto en la cobertura se debe hacer una consideración en los resultados ¿Qué se mide en las pruebas Pisa y Saber? Competencias en algunas áreas. Además de lo muy cuestionada que está esa teoría por su desprecio al conocimiento, las prueba no contemplan las áreas y asignaturas optativas en aspectos agropecuarios,

que usualmente tienen las instituciones rurales y cuyo valor debería ser considerado y tratado como de máxima importancia. La ironía es que  la OCDE aparenta preocupación sobre ese aspecto cuando habla de promover “Proyectos Pedagógicos Productivos”.