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La configuración de las relaciones de
Saber y Poder a partir de la Ley General de Educación

La Ley General de Educación reconoce la educación como un servicio público independientemente de quien lo preste, el sector oficial o el no oficial; contempla el aumento de jornada escolar, modifica el calendario académico, el modelo pedagógico, establece la obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional –PEI–, con un ingrediente necesario: la participación de la comunidad educativa, mejora los Hogares de Bienestar y otros que atienden a niños menores de cinco años. Orienta incluir en los contenidos curriculares la diversidad cultural del País, los programas de etnoeducación, los valores y conocimientos ancestrales para fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas y las especificidades de las comunidades afrocolombianas y raizales, posesiona los procesos de descentralización y la autonomía escolar. Crea, por lo menos, un grado de preescolar y nueve de básica, establece la educación básica, pero no se avanza en crear una escuela general que debe ser el fin de una ley general.

Otorga una relativa autonomía para el desarrollo curricular, para establecer el plan de estudios, para organizar las áreas de conocimiento obligatorias e introducir asignaturas optativas, los métodos de enseñanza, pero nunca un fortalecimiento de la autonomía administrativa, organizativa y financiera que quedó a discreción del MEN. Crea el gobierno escolar, con autoridades unipersonales, Personeros estudiantiles, representantes y autoridades colegiadas en los consejos directivos y académicos, principalmente.

Introduce el manual de convivencia, intenta establecer un sistema educativo que permita aprender durante toda la vida argumentando que la educación tiene que ofrecer el oficio de aprender, modifica la oferta educativa tradicional, se preocupa por enseñar a aprender a vivir juntos, compromete la dimensión social de la educación, para que no provoque desencuentros, exclusiones, marginamientos y olvidos. “Para aprender a vivir juntos lo primero que hay que hacer es querer vivir juntos”.

La Ley abolió la doble y triple jornada, elevó el número de horas efectivas de clase, ordenó, cada diez años, construir un Plan Nacional de Desarrollo Educativo, la conformación de las juntas de educación, la realización de foros educativos, señaló un término de 5 años para unificar calendarios escolares. Estableció la diferencia entre la educación académica y la media técnica, la primera para ingreso a la universidad y la segunda para una inserción a una ocupación y el mundo del trabajo. Con la ley se aceleró el tránsito de un estado docente a una sociedad educadora, el educador, paulatinamente, deja de ser el centro del quehacer educativo y esos liderazgos ahora son relevados para dar paso a la apertura e intervención de la llamada comunidad educativa. La formación y capacitación de los educadores quedó casi igual, salvo la creación de los Comités Departamentales de capacitación que quedarían transitoriamente inoperantes por efectos de la reglamentación en materia de escalafón. Se busca “la disminución del peso del Estado en la educación, lo cual parece ser una tendencia de las reformas que se implementan en el mundo entero”. En las últimas décadas se ha buscado adaptar la educación a las exigencias y mandatos nacionales e internacionales, los postulados de la Constitución de 1991, los planes, reforma y percepciones de cada mandatario.