La movilización del magisterio,

una alternativa a la crisis del país

Cuando se suspendió el paro del magisterio del 2015, producto de los acuerdos FECODE – Ministerio de Educación Nacional, la mayor ganancia fue haber reactivado la protesta social de un gremio, que con acciones aisladas había logrado en parte hacer frente a la contrarreforma educativa y se empezaban a reivindicar elementos de derecho frente a la dignificación del ejercicio docente y la defensa de la educación pública, pero la desinformación y el trabajo de algunos sectores generaron dificultades en el gremio, que las aprovechó el Gobierno para desarrollar el plan de desarrollo haciendo ajustes normativos en contravía de la educación pública de calidad, de condiciones dignas y desde la responsabilidad del Estado y no de particulares, introduciendo reformas al ejercicio de la profesión docente, con figuras como el docente líder de apoyo para favorecer una jornada única sin condiciones tanto físicas, como de financiación y de recurso humano y acentuando las competencias, los estándares y derechos básicos de aprendizaje, desconociendo la autonomía escolar, aún vigente, y lo más grave, desfinanciando la prestación del servicio educativo.

En ese contexto se desarrolló la movilización del magisterio colombiano, teniendo su mayor fortaleza en la unidad del gremio y atendiendo a la necesidad urgente de la financiación de la educación a partir de una reforma constitucional al SGP, que permita atender de manera progresiva el cierre de brechas, como el acceso universal al sistema público colombiano desde los tres grados de preescolar, ya que existen más de 1’500.000 de niños en edad escolar por fuera del sistema, la canasta educativa para todos los estudiantes, la jornada única con dignidad, el déficit histórico en renovación de la infraestructura y el tamaño de los grupos, así como la relación docente-alumno. Se propone una comisión de alto nivel para ello, pero necesariamente, el magisterio debe estar atento porque en este modelo neoliberal la tendencia es marchitar el SGP y que la responsabilidad del estado en la inversión social vaya decreciendo gradualmente; de ahí que no se afanaron por reforma constitucional alguna, a sabiendas que el acto legislativo 04 de 2007, terminaba el 31 de diciembre de 2016, con las consabidas consecuencias de desfinanciación, que atendieron con una adición presupuestal de 1 billón 526 mil millones que en nada afectan el tamaño del SGP como intentaron hacerle creer a la sociedad colombiana, porque su tamaño está definido en el marco de la Constitución, por lo cual se requiere una reforma de esta naturaleza, para que crezca realmente y como lo propone FECODE, de manera progresiva.

Se visibiliza la protesta del magisterio no en función de unos intereses del colectivo de docentes, sino de manera clara, en una defensa urgente de la educación pública como Derecho Humano, y a la necesidad de recursos para la educación se suma la modificación de normas que como el decreto 490, 501 y 915 de 2017 se convertían en la avanzada para asegurar la reforma laboral y educativa que le imponían organismos como la OCDE y Empresarios por la Educación al Ministerio de Educación Nacional.

De este modo, se coloca en la sociedad civil la necesidad de unir esfuerzos por la educación a través de una comisión plural de Alto Nivel y se posibilita que de los acuerdos se desarrollen elementos ordenados desde la Constitución del 91 y que hacen del Derecho Humano de la educación eje del desarrollo para reducir la inequidad, estimular la convivencia pacífica en una escuela definida como territorio de paz, desarrollar el pensamiento crítico, mejorar la economía y formar para la vida de manera integral, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos colombianos. Necesariamente se requiere de la dignificación de la profesión docente como estrategia esencial en la calidad del servicio educativo, por lo cual es necesario revisar la escuela Normal como semillero de los formadores, la revisión de las instituciones formadoras de docentes y la consolidación del estatuto de la profesión docente.