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EDITORIAL

En defensa de la educación rural y campesina

6 May art.1La presente y la siguiente edición de la Revista Educación y Cultura, tienen como tema central la educación rural y campesina. La diversidad de tópicos que abordan sus artículos, reflejan la idoneidad de los autores, en su mayoría educadores de aula que diariamente desarrollan proyectos y sistematizan su experiencia, aportando también teóricamente y ratificando de manera contundente el alto grado de comprensión del Magisterio sobre lo que debe ser una política educativa pública avanzada.

El Magisterio, liderado por FECODE, logró conquistar importantes avances en la Ley General de Educación en 1994, en una histórica batalla que libró durante cinco semanas en 1993, inspirada por el Movimiento Pedagógico enriquecido desde hace una década. Sin embargo, desde la promulgación de la ley 115 de 1994, el establecimiento inició un hostigamiento permanente para impedir materializar lo alcanzado, especialmente mediante los regresivos actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 y, su reglamentaria ley 715 de 2001, que se constituyeron en una contrarreforma y, peor aún, lograron asfixiar presupuestalmente la educación de los 1.101 municipios de Colombia. El capítulo 4° de la Ley General de Educación, dedicado a la Educación Rural y Campesina, no fue la excepción en el proceso de debilitamiento de la educación pública, en éste caso, doblemente castigada por su condición de periferia.

La brutal “racionalización” del gasto, que en década y media le suprimió 172.5 billones a la inversión social, de los cuales 97 billones de pesos eran de educación1, derivó en dramáticas condiciones de abandono estatal, en un irregular y destartalado transporte, en una humillante alimentación escolar, de la cual terminaron nutriéndose los carteles de la corrupción y, en precarias condiciones de infraestructura, mientras que se embolatan el par de billones destinados para tal fin y, los maestros y maestras terminan aportando parte de sus menguados salarios, en las colectas organizadas por la comunidad, para construir aulas básicas.

A lo anterior se sumó la imposición de absurdos “parámetros” neoliberales que obligan en las más apartadas regiones, a tener un mínimo de 20 niños o niñas para abrir un curso de preescolar, 25 en primaria y 28 en secundaria que, si no fuera por la resistencia de las comunidades, la desaparición de las escuelas sería un hecho. Y, por si fuera poco, derribaron del decreto 707 de 1996, reglamentario de la Ley 115 de 1996, endureciendo las condiciones laborarles al suprimir los reconocimientos para quienes se decidían a desarrollar la labor pedagógica en los mencionados territorios. Mientras que el decreto 521 de 2010 se convirtió en burla.

La otra razón del fracaso neoliberal en la educación rural, es el desconocimiento del magisterio en la construcción de política pública. Le suprimieron a las Juntas de Educación la función de definir las zonas rurales, de difícil acceso, vulnerables, mineras y de inseguridad; procedieron al desfiguramiento de los foros educativos nacional, departamentales y distritales de educación, impidiendo que la comunidad debata la política pública como lo establece la Ley de 115 de 1994 y, en las Mesas de Educación Rural a nivel nacional y local, el principal ausente en las definiciones es el Magisterio. El colmo corre por cuenta de la Mesa de ruralidad de Bogotá, a la cual dejaron de invitar a los delegados de los colegios, convirtiéndola en una junta de contratistas y funcionarios, en una ciudad a cuyo alcalde se le estaba “olvidando” incluir el 70% del territorio, el cual es rural, en el Plan de Desarrollo.

El derecho a la educación en Colombia, exige dos condiciones insustituibles pero que, en el caso de la educación rural, son de mayor urgencia2, la primera es el aumento de los recursos, es decir la financiación estatal y adecuada y, la segunda, la completa terminación del conflicto armado. Ni lo uno ni lo otro, hace parte de las preocupaciones centrales del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo –PND-.

Al igual que la educación, la paz está desfinanciada. Aterra la diligencia del actual mandatario para preparar una reforma constitucional para hacer trizas los Acuerdos de Paz y una absoluta falta de voluntad política para presentar el acto legislativo que garantice los recursos suficientes para educación, salud, agua potable y saneamiento básico en el más de un millar de municipios de país. No sobra recordar que el escenario principal del conflicto armado se desarrolló en los territorios rurales con sus horrores y terribles consecuencias en los niños, niñas, jóvenes, padres, madres, educadores y demás trabajadores.

El fortalecimiento de la educación rural y los demás niveles y modalidades educativas hacen parte de nuestro Pliego de Peticiones, antítesis del Proyecto del PND, pero sobre todo concibe a la escuela como territorio de paz. En el marco de celebración de los 60 años de FECODE y de la movilización social por el derecho a la educación que lidera, desarrollaremos una firme defensa de la libertad de cátedra, la convocatoria al III Congreso Pedagógico Nacional para el 2020 y el fortalecimiento del papel cardinal de la Revista Educación y Cultura como referente de la comunidad educativa y académica del país. Adicionalmente, publicaremos todas las ediciones en versión digital y realizaremos una previa y amplia convocatoria de cada número para enriquecer sus contenidos, como hicimos en esta ocasión con excelentes resultados.

 

 

Miguel Ángel Pardo Romero

Secretario de Asuntos Educativos,

Pedagógicos y Científicos de FECODE