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EDITORIAL

El Plan Nacional de Desarrollo no cierra

la “brecha” en la educación rural y campesina

03072019 art1La Ley General de Educación, estableció hace 25 años, en su capítulo 4°, la ruta a seguir con respecto a la Educación Rural y Campesina. Una vez expedida la ley, las administraciones neoliberales procedieron a desconocerla, con los desastrosos resultados que, el Gobierno Nacional registra pero, a su vez desconoce, con el propósito de continuar en las mismas o peor.

“El 63% de las escuelas rurales no cuenta con agua potable, el 49% tiene baños en mal estado, el 16% funciona sin electricidad, el 47% no tiene acceso a internet y el 54% carece de línea telefónica. Los datos son alarmantes, en el año 2015, en Colombia, el promedio de años de educación en zonas rurales fue de 5,5 años, mientras que en zonas urbanas fue de 9,2 años y solo 20 de cada 100 bachilleres graduados en zonas rurales lograron ingresar inmediatamente a la Educación Superior (Plan decenal de educación 2016 – 2026)”.1 Y, el autor del artículo agrega, “…en relación con la calidad de la educación rural básica, según el MEN, los resultados de las pruebas Saber de los grados 3º, 5º y 9º del año 2017, muestran que alrededor de 72% de los estudiantes del sector oficial de la zona rural, en los tres grados mencionados y en las áreas de lenguaje y matemáticas, tienen un desempeño insuficiente o mínimo”.2

Cifras ratificadas por el MEN – SIMAT en las bases del Plan Nacional de Desarrollo –PND- 2018 - 2022: “La región conformada por los departamentos de Vaupés, Guainía, Amazonas y Guaviare, alcanzó una cobertura neta de apenas 20.7% en 2017”.3

A pesar de la cruda realidad, el mencionado proyecto de PND, insiste en reeditar lo que ya fracasó, no solamente en las zonas rurales sino también urbanas. Más de dos décadas de competencias básicas, estándares y “Derechos” Básicos de Aprendizajes, no nos ubicó precisamente en los primeros lugares de la educación mundial o latinoamericana.

En la educación rural, se ha “probado” todo tipo de programas, soluciones u “ofertas educativas”, cuyos resultados, están a la vista, aun cuando no reconozcamos las pruebas Saber cómo referente de “calidad”. Es evidente que, en los programas gubernamentales, el término “flexible”, sigue estando relacionado al mínimo conocimiento y a lo que menos cueste.4 En cuanto a las metas para el cuatrienio, el Gobierno de Duque no las fija con base en cobertura neta como lo registra acertadamente en el diagnóstico a corte de 2017; minimizando así, la dramática cifra de 31.4 % en educación media rural,5 para optar por el “compromiso” de pasar de 66,8 % a 73% de cobertura bruta para 2022,6 lo que mejora la “percepción” de sus eventuales resultados pero maquilla terriblemente la realidad.

En una de las raras ocasiones en que se encuentra la palabra paz que, en cambio de estar desfinanciada, debía ser el propósito central del PND, especialmente para los campos de Colombia, termina por señalar que la educación rural “apalancará los procesos de convivencia y paz”. Pero mientras tanto el Gobierno hace trizas los Acuerdos de la Habana y la escala de violencia resurge de manera escalofriante. El desplazamiento forzado y los asesinatos de líderes y lideresas sociales, buena parte de ellos por reclamar la restitución de sus tierras, se duplicaron en 2018, mientras que las víctimas de las minas antipersonales, se triplicaron en el mismo lapso y “en lo que va del año (2019) han sucedido al menos siete masacres en el país.”7

Ante tanta pobreza académica y financiera del Estado, el Pliego de Peticiones de FECODE, antítesis del regresivo proyecto de PND, reitera al MEN y las Secretarias de Educación, orienten mediante actos administrativos que la educación preescolar, básica y media, desarrolle los fines y objetivos de la educación, fortalezca las áreas obligatorias y fundamentales, consignadas en la Ley 115 de 1994; como también, exige, metas de universalización de la educación que nos ponga por fin en el siglo XXI y una reforma constitucional que garantice el progresivo y real aumento del presupuesto.

En el caso que nos ocupa, planteamos adicionalmente: elaborar una propuesta política pública y de lineamientos curriculares entre FECODE y el MEN, teniendo como referente el capítulo 4° de la Ley General de Educación, respetando la autonomía, contexto, democracia y gobiernos escolares; la participación de la Federación y de los sindicatos filiales en las mesas de educación rural nacional, departamentales y distritales; la educación rural y campesina como una opción para niños, niñas y jóvenes, como parte de su proyecto de vida, así no habiten estrictamente en dichas zonas; el bienestar y la dignificación escolar; la modificación favorable de los “parámetros” y del decreto 521 del 2010 con el propósito de garantizar reconocimientos y beneficios para los educadores que laboran en estas zonas; los programas de formación docente acorde con las características territoriales; el aumento de la planta de personal en los colegios oficiales y convocatoria a concurso para el nombramiento de trabajadores administrativos, directivos docentes y docentes en todas las áreas. Reiteramos con vehemencia: la escuela como territorio de paz, es un derecho soportado en una política de Estado que cierre por fin el terrible capítulo del conflicto interno.

 

Miguel Ángel Pardo Romero

Secretario de Asuntos Educativos,

Pedagógicos y Científicos de FECODE